Hoy, 15 de febrero de 2018, se cumple un mes de la muerte de Óscar Pérez y otras seis personas que fueron abatidas durante la operación de captura impulsada por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, llevada a cabo en el sector Araguaney de El Junquito, donde los solicitados se mantenían ocultos.Óscar Pérez estaba calificado como prófugo de la justicia, luego del atentado que efectuó al Tribunal Supremo (TSJ) el 27 de junio de 2017, en el cual descargó detonaciones desde un helicóptero perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Hacía años que Pérez fungía como piloto en dicha institución, pero tomó la decisión de “rebelarse” ante el Gobierno Nacional, con el respaldo, en su opinión, del Art. 350 de la Constitución. A partir de allí, sus apariciones y mensajes en redes sociales, así como el robo de armas que hizo al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Pedro de Los Altos, motivaron su expedita aprehensión.
El pasado 15 de enero, en diversos videos colgados en las redes, pocas horas antes de su fallecimiento, Pérez solicitaba a sus perseguidores el cese al fuego y garantizaba entregarse junto a sus compañeros. Más tarde, por el mismo medio, el ex Cicpc denunció que las fuerzas estadales no deseaban su captura sino su ejecución. “Ya nos dijeron que nos quieren asesinar”, expresó Pérez, con el rostro bañado en sangre, mientras le recordaba su cariño a sus seres cercanos.
Momentos después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la presentación de su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), definió la operación como un “éxito” y felicitó a los cuerpos policiales y militares, en especial al ministro del Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.
Horas más tarde, el propio Reverol se encargó de confirmar la muerte de Óscar Pérez, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo, Daniel Soto, Abraham Lugo y una mujer que luego sería identificada como Lisbeth Ramírez. En la versión oficial, ofrecida por el ministro, los integrantes de “la célula terrorista” no quisieron mediar una negociación y abrieron fuego, lo que ocasionó la muerte de dos oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y otros seis uniformados adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En los días siguientes, se mantuvo abierta la polémica porque, según los familiares de los abatidos, no habían reconocido sus cadáveres en la Morgue de Bello Monte y aseguraban que las fuerzas del Estado pretendían cremarlos para “ocultar evidencias”. Comisiones de GNB y PNB mantenían custodiado dicho lugar. Finalmente, el cuerpo de Óscar Pérez fue enterrado en el Cementerio del Este ante la presencia de su tía y prima. Su madre, Aminta Pérez y su viuda, Dana Vivas, lamentaron la decisión “arbitraria” de realizar un “entierro controlado”, sin posibilidades de velar a su pariente.
Tras los mencionados hechos, Alfredo Romero, director de la ONG “Foro Penal Venezolano” aseguró que su equipo tuvo acceso a las actas de defunción. Romero dijo que Pérez y otros cinco miembros del grupo fallecieron por “impacto de proyectil en la cabeza” y un séptimo integrante fue por “disparo en la cervical”. Tales declaraciones abrieron la discusión sobre una hipotética ejecución, que daría la razón a las denuncias del propio Pérez en sus videos.
La Asamblea Nacional (AN) instaló una Comisión Especial para investiga la “masacre de El Junquito”, dirigida por la diputada de oposición, Delsa Solórzano, quien desde entonces ha informado sobre una serie de supuestas irregularidades en el caso. La más reciente fue que, según un tuit de Solórzano, aún no está abierto un expediente en la Fiscalía General de la República. La diputada afirma que tal situación demuestra “omisión, encubrimiento y complicidad” por parte del mencionado organismo.
Después de un mes de la operación de captura en El Junquito, parece que aún quedan datos por esclarecer.
FUENTE: Daniel Mendez Chacón - http://www.2001.com.ve
