Entre 2016 y lo que va de 2018 se registraron 814 casos de violaciones de los derechos laborales de los trabajadores de las empresas Lácteos Los Andes, el Complejo Siderúrgico Bolivariano Sidernac, Venezolana de Cementos (Vencemos), la industria ferrominera, los sectores salud y educación del estado Carabobo, eléctrico en Aragua y en el magisterio del Área Metropolitana de Caracas.La denuncia fue hecha por el director de Movimiento Vinotinto, Manuel Virgüez. Las quejas de los empleados públicas son cierres de comedores, paralización del transporte corporativo y, sobre todo, sanciones y despidos por razones políticas, además de amenazas a los dirigentes sindicales.
Mencionó Virgüez que el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas a sus trabajadores, establecidas en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Todo patrono o patrona garantizará (…) condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones”.
A propósito de las suspensión de la visita de la misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a Venezuela debido a “objeciones formuladas” por el Gobierno local a reuniones con sindicatos, Manuel Virgüez exhortó al Ejecutivo a permitirla en función de lo establecido en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento.
Las denuncias hechas por los sindicatos, con asesoría del Movimiento Vinotinto, serán llevadas hasta los despachos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante la OIT.
Después de la estatización, Sidernac tiene las peores condiciones laborales
Siderúrgica del Turbio pasó a llamarse Complejo Siderúrgico Bolivariano Sidernac luego de la expropiación, que tuvo lugar el 31 de octubre de 2010 por decreto del expresidente fallecido Hugo Chávez, y publicado en Gaceta Oficial N° 39.544 el 3 de noviembre de ese año. Sin embargo, el Estado venezolano tomó el control de la industria en octubre de 2012.
El secretario general del sindicato de trabajadores, Alejandro Álvarez, tiene 23 años en la compañía y asegura que nunca habían estado tan mal. La expropiación fue la respuesta de la petición de los trabajadores que denunciaban salarios y condiciones laborales paupérrimos, pero con el tiempo mejoraron algunas condiciones: el pago de las horas extras y aumento de la póliza HCM. Aun así, el representante sindical afirmó que como llegaron algunos beneficios, también llegó el declive de la producción.
En 2017 la industria solo logró 9 % de su capacidad productiva. Además, la inseguridad en el área de trabajo ocasionó la muerte por electrocución de un empleado. No hay ni aislantes ni uniformes desde el año 2016. “Ni con los dueños (Machado Zuloaga) estábamos así”, refiere Álvarez.
Ante la falta del comedor, reciben un pago mensual de 647.000 bolívares, pero Álvarez precisó que un almuerzo cuesta 300.000 bolívares. Además, aseguró que su sueldo, de casi 5 millones, se le va en comida para él, su esposa y sus seis hijos.
El trabajador reveló: “El ministro Juan Arias (para las Industrias Básicas, Socialistas y Estratégicas) en 2016 y 2017 no quiso reconocer el sindicato de 438 afiliados, de un total de 550 trabajadores que tiene la compañía. Ah, pero sí reconoció al grupo chavista de 15 personas, que realmente no es un sindicato”.
El las próximas semanas, la Inspectoria del Trabajo y representantes del gremio iniciarán una mesa técnica para tratar los casos de violación de derechos laborales. Fue apenas hoy, luego de la manifestación de 100 trabajadores, cuando les fue respondida la petición que introdujeron en el mes de septiembre.
FUENTE: María Jesús Vallejo - https://elpitazo.com - (PULSE AQUÍ)
