A raíz de esta irregularidad, la venta de combustible se cotiza en no menos de 6 millones de bolívares por tambor, precio imposible de costear para los habitantes de estas comunidades ribereñas, que viven de la venta de productos artesanales y la cosecha de algunos alimentos a baja escala.
En el caso de la comunidad indígena del río Sipapo, hay unas 1300 personas afectadas por esta irregularidad.
En diferentes oportunidades han acudido a instituciones como PDVSA, Guardia Nacional, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Amazonas y Alcaldía de Autana, quienes les han informado que están trabajando para solventar esta situación, sin embargo, a dos años de haber comenzado el problema, sus repercusiones siguen creciendo en cantidad y gravedad.
FUENTE: Con información de Kapé Kapé - http://runrun.es