martes, 23 de enero de 2018

Fuerza Armada adeuda $100.000 a cada víctima del accidente del helicóptero en Amazonas

Hace un año que Venezuela se escandalizó con la desaparición de 13 personas a bordo de un helicóptero militar en el estado Amazonas, el 30 de diciembre de 2016. La búsqueda de las autoridades se extendió hasta el 2 de mayo de 2017, cuando anunciaron haber encontrado la aeronave siniestrada cerca del Caño Yagua, municipio Atabapo de Amazonas, en la llamada “Operación Esperanza”.

Fueron cinco meses de angustia y dolor para los familiares de los 13 ocupantes del helicóptero MI17V5, siglas EBV0796, de la Fuerza Armada Nacional (FAN), con nueve militares y cuatro civiles indígenas de Amazonas a bordo.
La lucha continúa un año después: los deudos denuncian que el Estado no ha esclarecido las causas del accidente, no ha pagado completamente las indemnizaciones y falta encontrar a una de las 13 personas que viajaban en la nave: al sargento Jonathan Inojosa, mecánico de vuelo.

Jesús Marcano, padre del capitán Guillermo Marcano Nieves, quien iba en el helicóptero, señaló que las autoridades militares no han mostrado, ni siquiera, pruebas de ADN que confirmen que las osamentas que recibieron en mayo fueron, realmente, de sus allegados.

Las autoridades les responden que el expediente, incluido el audio de la caja negra del helicóptero, es “secreto de Estado”, y por eso no pueden decirles ni mostrarles nada. Dentro del secreto está el reaseguro del interior del helicóptero siniestrado, contratado con una compañía internacional, que tampoco ha sido pagado a los sobrevivientes.

Marcano reveló que el año pasado les indicaron que al sobreviviente de cada ocupante le tocaban 100.000 dólares, que serían pagados en bolívares el año pasado. No han recibido el dinero, y el pasado 12 de enero les dijeron que este año comenzarían a gestionar la indemnización. Multiplicado por 13 ocupantes, serían al menos 1.300.000 dólares solo en indemnización por pérdidas humanas, sin contar los equipos del helicóptero.

La pensión de sobrevivientes por parte de la Fuerza Armada Nacional (FAN) la reciben solo tres familias, dijo Marcano. Además, las nueve familias de los militares esperan el pago del seguro del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), que debe incluir las prestaciones sociales de los desaparecidos, más el monto de la indemnización y del sueldo del ascenso post mortem (acto efectuado en mayo de 2017), multiplicado por 36.

Próxima demanda
La familia Marcano Nieves, desde San Joaquín, estado Carabobo, se mantiene luchando junto a los demás afectados para exigir que se esclarezca el suceso.

Jesús Marcano informó que, pese a que ellos solicitaron al fiscal 63 con competencia nacional, Jimmy Goite, que querían recibir las pruebas de ADN por escrito, esto nunca sucedió.

Rechazó la actuación de este fiscal por participar del secretismo de la FAN. Para seguir presionando, el 11 de septiembre de 2017 introdujeron en la fiscalía una solicitud para que se hicieran las pruebas de ADN y el Ministerio Público respondió el 27 de diciembre para negar la solicitud, alegando que debían denunciar previamente al fiscal encargado.

“Decidimos introducir una demanda contra la Fiscalía, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que se logren hacer las exhumaciones de los cuerpos y luego las pruebas de ADN, y así poder cerrar el ciclo”, puntualizó Marcano, en relación específica con el caso del capitán Guillermo Marcano.

La familia del mayor Otto Alvarado y de Alejandro Mariño Sanoja, otras dos víctimas del suceso, harán lo mismo. “Enterramos las osamentas que nos dieron porque había demasiado dolor, pero no sabemos qué pasó”, lamentó Marcano, oficial jubilado de la FAN.

Falta encontrar al mecánico
Todos los familiares consultados insisten en la palabra “desapareció”, pues no han podido comprobar independiente y científicamente que los cuerpos que encontraron en el helicóptero de Amazonas sean de sus familiares.

Ana Lugo tiene fe de que su esposo, el mecánico del vuelo siniestrado, Jonathan Inojosa, esté vivo. Su cuerpo no fue encontrado en la escena donde hallaron el helicóptero con los otros 12 cadáveres, pero desde el Ejército le dicen que la voz de su marido se escucha en el audio de la caja negra 18 segundos antes de estrellarse.

Lugo no ha podido escuchar ese audio. Vive en San Felipe, capital del estado Yaracuy, y recibe información solo cuando se dirige a la base aérea donde estaba su esposo destacado o cuando escribe a funcionarios de Caracas. La única respuesta es: “Estamos buscando”.

Por la incertidumbre sobre el paradero de su marido, ella no puede cobrar seguro de vida, indemnización o pensión oficial. Recibe una ayuda económica del Ejército para sostener a los tres hijos que dejó Inojosa, de 11, 10 y 5 años de edad, pero no basta. Aseguró que próximamente también ejercerá acciones legales hasta que le digan qué pasó con su marido.

“Ellos (FAN) no han actuado bien…Yo me enteré de lo que pasó tres días después (el 2 de enero), a través de las redes sociales, no por ellos… Ha pasado tanto tiempo y no me dicen nada más… Es una falta de respeto”, dijo aguantando el llanto. “Les pido que me den una respuesta, queremos saber si mi esposo va a regresar o no. Mis hijos preguntan por él. Para nosotros, él está vivo”, cerró Lugo.

Lo mismo piensa Milagros Sanoja, madre del soldado Alejandro de Jesús Mariño Sanoja (19), víctima del accidente. “Para mí, mi hijo no está en ese hueco”, dijo entre sollozos. Por ahora se concentra en mantener a su hija de ocho años y en introducir recursos legales para que el Estado esclarezca qué sucedió con primogénito. “Diciembre lo pasé llorando a mi muchacho como una magdalena… Ponerme de nuevo en el trámite de esos papeles es revolver toda esa tristeza, pero ellos (Estado) no pueden dejar esto así. Tienen que decirnos la verdad”.

El Pitazo intentó contactar durante tres días seguidos a Israel Martínez, familiar de los cuatro indígenas civiles que iban a bordo del helicóptero siniestrado en Amazonas, para conocer el estatus de sus indemnizaciones, pero no fue posible por problemas de cobertura.

Suceso controversial
Cuando apareció el helicóptero, el 2 de mayo de 2017, los familiares fueron convocados a Amazonas, pero no se les permitió bajar al sitio boscoso donde encontraron la aeronave estrellada. Solo vieron los videos reunidos en la Sala de Operaciones de la Base Aérea Militar de Puerto Ayacucho, capital de la entidad.

La información oficial ha sido precaria desde enero de 2017, cuando se publicó la información. Solo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el entonces ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, se refirieron al hecho en tres oportunidades, con pocos detalles. El presidente Nicolás Maduro, en otra más.

En medio de la tardanza y la zozobra de los familiares se tejieron muchas conjeturas sobre el paradero del helicóptero. Algunas lo vincularon con traslado ilegal de oro y otras con secuestro de paramilitares colombianos para trasladar droga en la aeronave. Ninguna versión fue confirmada.

El piloto, mayor Griselio Fernández; el copiloto, mayor Otto Alvarado; el ingeniero de vuelo, sargento ayudante Yeiver Mujica; el mecánico, sargento ayudante Jonathan Inojosa; capitán Guillermo Marcano Nieves; sargento Yeison Romero, sargento Luis Sierra Vera, y los soldados Marino Alejandro y Rodolfo Gómez salieron desde el aeropuerto de Puerto Ayacucho el 30 de diciembre de 2016, con destino al pueblo La Esperanza, en un vuelo rutinario.

Los militares le dieron la cola a cuatro civiles indígenas, los esposos Humberto Martínez y Epifania Cayupare, junto a su hija Raiza Martínez y su nieta de cuatro años, que venían de hacer diligencias médicas y que solo cuentan con este medio aéreo para viajar gratis hasta la capital de Amazonas. El desenlace de este viaje, de 13 venezolanos, fue fatal.

Ha pasado un año desde que se reportó el siniestro del helicóptero y ocho meses desde que anunciaron el hallazgo del helicóptero MI17V5 del Ejército venezolano. Todavía las familias desconocen qué pasó con sus allegados y tampoco han recibido lo que les corresponde tras la invaluable pérdida de sus hijos, esposos, sobrinos… En 2018, la lucha continúa y, ahora, será en los tribunales.

FUENTE: Oriana Faoro - https://elpitazo.com - (PULSE AQUÍ)