jueves, 22 de junio de 2017

Fiscalía apeló fallo que favoreció al conductor de tanqueta que arrolló a Pedro Yammine

El Ministerio Público (MP) no se quedó de brazos cruzados ante la decisión del Tribunal 14 de Control de Caracas de negarles la orden de detención contra el guardia nacional que conducía la tanqueta que arrolló al estudiante Pedro Yammine, el pasado 3 de mayo en Altamira; y tras denunciar el insólito dictamen, lo apeló.

La información la suministró el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz en un comunicado de prensa, en el cual informó que este miércoles el fiscal Oliver Uribe recurrió la decisión del juez Jorge Timaury, quien desechó la solicitud por considerar que la misma era “violatoria a los derechos consagrados en la Constitución”, pues “el efectivo militar [sargento segundo Daniel Pérez Medina] debía ser previamente citado antes del requerimiento”.

Uribe, en su escrito, recordó que el pronunciamiento del juez Timaury contradice la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en su sentencia 1381 de 2009 estableció “con carácter vinculante” que “la atribución de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello con base en una sana interpretación del artículo 49.1 de la Constitución de la República; igualmente el Ministerio Público puede solicitar una orden de aprehensión contra una persona, sin que previamente esta haya sido imputada por dicho órgano de persecución penal”.

Pérez Medina reconoció ante el fiscal ser el conductor de la tanqueta que arrolló a Yammine y lo envió durante varias semanas a una clínica debido a múltiples fracturas y un trauma pulmonar.

Ortega Díaz, en una entrevista radial concedida el martes en la noche, denunció esta decisión y también se refirió al caso de los 75 contenedores con medicamentos vencidos, donde su despacho igualmente solicitó la detención de varios exfuncionarios, entre ellos la exministra de Salud, Eugenia Sader, pero más de tres meses después la jueza 7 de Control de Caracas, Luisa Romero, todavía no ha respondido la petición.

“Tenemos unas órdenes de captura contra unos GN que no han podido materializarse aún. Contra 23 por la muerte de unos manifestantes”, denunció la fiscal general.

Un juez polémico

Esta no es la primera decisión polémica de Timaury, quien es apodado como “el mocho” debido a que le falta una pierna. En agosto de 2016, el funcionario ordenó la excarcelación a Josmel Velásquez Figueroa, primer detenido por el caso de los Panamá Papers en Venezuela.

El acusado es hermano de Adrián Velásquez Figueroa, conocido como el capitán Guarapiche, quien fuera edecán del fallecido Hugo Chávez y quien, según los documentos salidos del bufete panameño Mossack Fonseca, tendría una empresa registrada en las islas Seychelles con un capital de 50.000 dólares, cuentas en bancos suizos y una vivienda en Punta Cana (República Dominicana) cuyo valor oscila entre 400.000 y 1,6 millones de dólares. Además, es cuñado de Claudia Díaz, quien fuera una de las enfermeras del desaparecido mandatario y luego Tesorera de la Nación; y cuyo nombre figura igualmente en los famosos papeles.

La decisión la adoptó el juez durante la audiencia preliminar, acto en el cual debía decidir si admitía o no la acusación por legitimación de capitales y asociación para delinquir que los fiscales Ana Hernández, Keyla Solorzano, Marijose Frutillé, Arturo Romero, Ana Enríquez, Luis Verde y José Arreaza interpusieron el 4 de junio pasado contra el aprehendido.

El acto, según informaron fuentes judiciales en su momento, fue tenso y estuvo lleno de situaciones inusuales en este tipo de procesos. “El Juez pretendió permitir que los familiares del acusado presenciaran la audiencia, lo cual fue rechazado por los fiscales, quienes recordaron que este es un acto privado y por ello lo recusaron y se retiraron de la sala, pero este en lugar de inhibirse del caso decidió continuar la audiencia e instantes después emitió una boleta de excarcelación a favor de Velásquez”.

La excarcelación de Velásquez fue posible porque Timuary modificó la acusación de los fiscales, suprimiendo los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, por enriquecimiento ilícito, el cual se castiga con menos de ocho años de prisión y por lo tanto no implica cárcel.

Velásquez fue detenido junto con su madre, Amelis Figueroa, el 15 de abril de 2016, cuando pretendían salir del país por el Aeropuerto Metropolitano, ubicado en Charallave; y sus bienes y fondos —entre los cuales había certificados de diamantes— fueron congelados.

FUENTE: Con información de Por Runrun.es, El Pitazo, Tal Cual y Crónica UNO - http://runrun.es