Según organizaciones no gubernamentales, como el Foro Penal Venezolano (FPV), hasta los momentos más de 100 ciudadanos venezolanos, que fueron detenidos en diversas acciones de protesta de la oposición, han sido presentados ante tribunales militares acusados de presuntos actos de rebelión en contra de las autoridades castrenses.La situación ha puesto en alerta a los órganos de defensa de civiles, pues aseguran que la justicia militar no debe ser aplicada a los ciudadanos comunes, pues lo contrario es anticonstitucional y una grave violación a los derechos humanos.
Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal, advirtió que una práctica ya común en este tipo de procedimiento ilegal está en no permitir a los acusados a nombrar sus propios defensores y se les obliga a ser asesorados por defensores públicos nombrados por la jurisdicción militar.
“Hay una violación del derecho a la defensa. Al no poder recurrir a la justicia ordinaria, para criminalizar a los que se oponen a ellos, el Gobierno acude a la justicia militar. Esto es el abandono total del estado de derecho”, agregó Himiob, quien señaló que durante la noche de este martes los tribunales penales militares de Caracas impidieron el acceso a los abogados del Foro Penal a las audiencias de presentación de varios civiles que los habían elegido como defensores, imponiéndoles a miembros de la Defensa Pública.
Manifestó no estar al tanto de si a algunas de las personas que han solicitado su ayuda legal pudieran haber sido objetos de “siembras” de evidencias, como armas, explosivos u otros objetos; ni si han recibido de parte de funcionarios militares peticiones de grandes sumas de dinero para ser liberadas, pero no descartó que esto pudiera estar sucediendo, toda vez que las audiencias han sido a puertas cerradas y no han podido ver a los acusados.
Asimismo, Carlos Romero, presidente de esta organización, aseveró a la agencia AFP que en la mayoría de los casos, el FPV ha encontrado que “no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie” y puso el ejemplo de los presuntos involucrados en los saqueos que se produjeron en Carabobo la semana pasada.
“Por saqueos se habían robado unas piernas de jamón y esta persona no fue imputada, ni se precalificaron los delitos como hurto o robo, ni siquiera alteración del orden público sino como instigación a la rebelión y vilipendio”, señaló Romero.
“No se individualiza a las personas, se detienen de forma general a cualquiera que esté alrededor de una protesta o de una manifestación”, indicó y agregó que estas detenciones van acompañadas “de tratos crueles e inhumanos y de torturas”.
Abandono del estado de derecho
“Juzgar a civiles en tribunales militares es el absoluto abandono del estado de derecho. La Constitución tiene previstas varias garantías que no pueden ser quebrantadas ni siquiera en los estados de excepción, y entre ellas está el debido proceso, que es independiente del crimen que presuntamente haya cometido una persona; pues así sea el más atroz de los crímenes el imputado tiene derecho a ser juzgado debidamente”, indicó Liliana Ortega, presidenta de la ONG Cofavic.
Ortega apuntó que entre los derechos a los que goza cualquier ciudadano del país es a ser juzgado por su juez natural. “La Constitución establece, en su artículo 49 y en el 161 que todos los delitos comunes, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, pues la competencia de los tribunales militares deben limitarse a los delitos de origen castrense”, agregó Ortega.
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Por su parte, La organización venezolana no gubernamental para la promoción y defensa de los derechos humanos Proiuris informó que en los últimos meses ha podido constatar al menos 52 casos de civiles procesados por la jurisdicción penal militar, lo cual constituye una violación grave al fundamental derecho al debido proceso garantizado en la Constitución Nacional, así como en los Tratados Internaciones de Derechos Humanos suscritos.
Asimismo, el exconstituyentista Allan Brewer Carias indicó que más que una violación a la Constitución, el enjuiciamiento de civiles en órganos militares es una “aberración jurídica”.
“Manifestar no es un delito militar; expresar opinión política no es un delito militar; tumbar una estatua cualquiera no es delito militar. El actual defensor del pueblo propuso en Constituyente de 1999, que competencia tribunales militares se limita exclusivamente a delitos de naturaleza militar; ahora tiene que oponerse a que tribunales militares juzguen detenidos por expresar su opinión y por manifestar”, dijo.
Del lado oficial
Marielys Valdez, inspectora general de tribunales, aseguró en entrevista con VTV, que sí existe una base legal para juzgar a civiles en tribunales militares. Explicó que cualquier agresión contra un funcionario del orden público puede costarle a un civil ente 15 y 20 años de cárcel.
“Hay un delito que se llama ataque al centinela, es una figura jurídica que se realiza contra un funcionario que se dedica al resguardo del orden público. Quien lo cometa va a ser juzgado en jurisdicción militar por organismos militares”, afirmó la también viceministra de Asuntos Penitenciarios.
“Ninguno de estos actos va a quedar impune. Por eso es que estamos aplicando la justicia militar”, expuso por su parte el mayor general, Antonio José Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, a las pocas horas de la aplicación en el estado de Carabobo del Plan Zamora.
FUENTE: Manuel Tomillo C. - http://www.caraotadigital.net
