La Controlaría General de la República ordenó la intervención de la Dirección de Auditoría Interna del Parlamento el pasado 20 de febrero, fundándose en la demora en la convocatoria del concurso público para la designación del Auditor Interno.La junta directiva de la AN respondió que “no se ha efectuado ninguna auditoría o fiscalización de la Contraloría en la cual se haya constatado graves irregularidades que dieran lugar a un procedimiento en el que pudiera luego ordenarse la intervención” y, por lo tanto, es una acción sin fundamento.
Sin embargo, el contralor, Manuel Galindo, se dirigió este miércoles 22 de febrero al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de amparo con el que espera que el máximo tribunal “obligue de ser necesario por la fuerza” al Poder Legislativo a aceptar la intervención.
El funcionario advirtió, además, que los diputados pueden ser sancionados con multas e incluso con inhabilitaciones políticas si obstruyen las funciones de la Contraloría.
A pesar de que los parlamentarios gozan de inmunidad parlamentaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución, por lo que para que proceda cualquier investigación, enjuiciamiento o detención en su contra debe ser aprobado, primero, por la mayoría opositora de la cámara legislativa.
El jefe de la fracción parlamentaria de oposición, Stalin González, desmintió que hayan obstaculizado el acceso de la funcionaria Mayren Del Carmen Ríos, designada por la Contraloría como la nueva auditora, sino que se le pidió que acudiera al Palacio Legislativo para ser recibida por la junta directiva.
Pero Galindo acusó al expresidente de la Asamblea Nacional de “obstaculizar” la entrada de nueva auditora designada por la Contraloría, e informó que se le notificará al parlamentario de su violación a los artículos 289 de la Constitución en una nota de prensa.
Este artículo establece que la Contraloría tiene, entre sus funciones: “inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley”.
FUENTE: Ibis Leon - http://efectococuyo.com
