“Buenas señorita. Le llama el ‘uno’ de los Tupamaros. Cumplo con decirle que hay personas en su entorno que lo quieren ver mal, así que le aconsejo que nos pague 1.000.000 de bolívares esta noche (…) Tengo todo sobre ti, tengo fotos, tengo nombre, tengo cédula, dirección exacta (…) Esas personas quieren que te hagamos cualquier tipo de daño, yo soy un sanguinario y puedes quedar fea para la foto (…) Tú puedes hacer una llamada a un amigo que te pueda ayudar, un amigo que te preste el dinero. Solo quiero un voto de confianza donde veamos que no te estás negando a colaborar con nosotros (…)”.Luego de las investigaciones policiales, que no reposan en una denuncia formal, se determinó que esta llamada, hecha a una comerciante del oeste de Caracas procedía de la Comandancia General de la Policía de Lara en Barquisimeto.
“Que te quede claro, cuando debemos pagamos como sea y cuando nos deben cobramos hasta con la vida; yo mismo me bajo y mato señorita. (…)”, dijo la voz del otro lado de la línea celular Movilnet. Otra voz, con jerga delictiva, tomó el aparato y dijo: “Aló jefa, dale mami sabes que estás saliendo cuca. ¿Estás clara verdad que sí? Tú sabes que esto hubiese sido de otra manera si nosotros hubiéramos querido. No te vuelvas loca, no quiero que comentes esto a otras personas”, exigió el supuesto lugarteniente del “comandante”.
El contacto con la víctima tuvo lugar en la penúltima semana del mes de julio y duró 20 minutos aproximadamente. El consejo de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) a quienes recurrió la empresaria, como allegados, fue apagar el celular por 48 horas para ellos proceder al bloqueo de la línea del delincuente. Así lo hizo y el extorsionador desapareció.
Como ella, otros dos hombres de su círculo social pasaron por el trauma de recibir una llamada amenazante, uno un mes antes y el otro en la misma semana. Ambos casos siguieron el mismo modus operandi: un teléfono Movilnet, el mismo centro de coordinación policial, la identificación como miembro de un colectivo, la amenaza de muerte y la aseveración de que conocían “todo” sobre la víctima. Uno de estos compañeros sí canceló la cantidad exigida por los delincuentes.
“Me di cuenta que los datos que tenían eran los que coloqué en una planilla para optar al sistema de proveedores del Estado, o sea, que es de libre acceso en la página web del Registro Nacional de Contratistas”, contó la víctima.
Ni el diputado y presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, Richard Blanco; ni el criminólogo Luis Izquiel, quien participó en el proceso de consulta de la nueva ley de regulación de telefonía en cárceles, tienen conocimiento sobre extorsiones a través de llamadas realizadas desde comandancias policiales.
“Las comisarías se convirtieron en cárceles paralelas, no me extrañaría que el cobro de rescate por secuestro, por robo o hurto de vehículos y otras extorsiones se registren dentro de las celdas de las policías”, apuntó Izquiel, luego de narrarle los casos registrados por Efecto Cocuyo.
A la comerciante los funcionarios que la ayudaron en el trago amargo le indicaron que de ese centro policial en Lara han conocido otros casos y que diariamente reciben hasta 300 denuncias de extorsionadores que resultan tener como domicilio una celda en un centro de detención preventiva. Un agente del Cicpc que trabaja en la División Antiextorsión y Secuestro dijo que durante sus tres años de trabajo, allí no ha recibido un caso que provenga de los calabozos policiales, pero sí de los centros penitenciarios.
“¿A quién vamos a poner preso si ya está detenido? Les recomendamos que no atiendan más al número o a teléfonos desconocidos”, señaló el funcionario.
Izquiel, quien también es abogado penalista, recordó que la legislación del país establece que si un condenado comete un nuevo delito en su privación de libertad, éste debe ser enjuiciado por el crimen y se suma los años a la pena inicial. En caso de ser un procesado, el nuevo delito debe ser anexado a su causa procesal.
En estos centros de reclusión, que deben resguardar a un detenido por 48 horas según lo estipula la ley, existen actualmente cerca de 24.000 presos, 2.000 de ellos con una condena, según informó el Defensor del Pueblo Tarek William Saab.
“Esto apunta un hacinamiento enorme en las sedes policiales. Ya hay copias de conductas carcelarias, por ejemplo la figura del ‘pran’ y hay más fugas de comisarías que de cárceles porque no tienen infraestructura necesaria para albergar a tantos detenidos”, denunció Izquiel.
Una ley que no alcanza a los calabozos
La Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios fue publicada en Gaceta Oficial el 15 de julio de este año: en la que se establece la responsabilidad del Ministerio para Servicios Penitenciarios en la instalación de equipos inhibidores de señal que no afecten a las comunidades aledañas a los centros penitenciarios. También este ente será responsable de colocar teléfonos públicos fijos para garantizar la comunicación de los reclusos con sus seres queridos.
En sus 15 artículos no menciona la obligación de colocar estos aparatos en los centros de detención preventiva. “No puedes legislar sobre lo ilegal. Las celdas policiales no son para que una persona permanezca recluida por más de dos días y así lo vamos a proponer para la segunda discusión de la reforma de la Ley de Servicio Policial. Tenemos un artículos que prohíbe una estadía superior a las 48 horas en una celda policial”, aseguró Izquiel.
Richard Blanco, diputado de la AN y correlator de la Ley que regula el uso de celulares en los penales, dio la misma razón que Izquiel y añadió el problema de dejar incomunicado a los funcionarios policiales. “Los inhibidores tienen un rango de acción específico y no se puede cortar la comunicación a los uniformados que deben recibir llamadas de emergencias vía telefónica”, explicó el parlamentario.
Para el comisario Pablo Elisio Guzmán, director de la Policía de Miranda y Secretario de Seguridad de la entidad, es una necesidad tener inhibidores de llamadas en los calabozos policiales. “Es un grupo de personas hacinadas y que tienen mucho tiempo para el ocio. Siempre van a encontrar la manera de pasar un teléfono”, manifestó.
Hace seis meses, un allegado a la comerciante del oeste de Caracas le aseguró que también había sido víctima de una intento de extorsión telefónica. Por sus contactos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se descubrió que el contacto provenía de un móvil ubicado en las celdas de Polimiranda en Los Teques.
El director de esa institución aseveró a Efecto Cocuyo que en esa sede se instaló un inhibidor de llamadas hace cinco meses, aproximadamente. Dijo que ese era el centro con mayor cantidad de detenidos, por lo que destinó parte del presupuesto asignado a la policía para comprar en bolívares el aparato. No mencionó el episodio de la llamada extorsiva.
Explicó que la responsabilidad de los detenidos en un centro de detención preventiva es del jefe policial, por lo que estos deben buscar soluciones al problema. “Siempre vamos a tener problemas con las comunicaciones de los funcionarios, porque el equipo inhibidor de señal no diferencia de los teléfonos legales y de los que tienen los detenidos. Por eso evaluamos la potencia del aparato y el lugar en dónde lo colocamos para poder causar el menor daño a nuestras comunicaciones”, agregó.
El director de Polimiranda ve cuesta arriba la adquisición de otros equipos para las otras coordinaciones con calabozos, debido al alto costo del aparato. Espera que la nueva Ley traiga consigo la importación de estos equipos y su posterior dotación a los cuerpos policiales.
FUENTE: Vanessa Moreno Losada - http://efectococuyo.com
