Igualmente, el país amplió su petición de recusación previa contra el árbitro designado por ConocoPhillips, Yves Fortier, quien continúa manteniendo relaciones profesionales con los abogados de la firma Norton Rose, que ha sido marcadamente adversa a la República, refiere una nota de prensa del Ministerio de Petróleo y Minería.
La recusación es el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso, cuando una parte considera que no es apto porque su imparcialidad está en duda.
De este modo, el despacho de Petróleo y Minería explicó que la implementación de este recurso ha sido necesaria debido a las antedichas relaciones del árbitro Fortier, así como a la actitud hostil de los dos árbitros recusados en contra de la nación, "incluyendo su más reciente pretensión de negar su consentimiento a la renuncia, por motivos de salud, del distinguido jurista internacional, profesor Georges Abi-Saab, designado por Venezuela como árbitro en este caso, y con ello castigar indebidamente a la República negándole su derecho a designar un árbitro sustituto".
Recuerda el texto que esta acción de los árbitros recusados se suma a su decisión injustificada, de atribuir a la República mala fe en la negociación de la compensación por la nacionalización de 2007, a pesar de que ConocoPhillips nunca alegó esto y no obstante toda la evidencia irrefutable de lo contrario.
Asimismo, dichos árbitros se negaron a reconsiderar esta decisión indefendible, incluso después de que Venezuela presentara evidencia documental mostrando la falsedad de las declaraciones hechas por la empresa estadounidense al tribunal.
En sus dos votos salvados, el profesor Abi-Saab expuso las acciones de los árbitros recusados, observando que "si realmente hubo mala fe, no puede atribuírsela a la demandada, sino a las demandantes, ya que indujeron a engaño a la mayoría a través de declaraciones falsas, con pleno conocimiento de su falsedad".
"En estas circunstancias, no creo que ningún tribunal que se respete, y que tome con seriedad su función legal y moral de buscar la verdad y administrar justicia conforme a la Ley, pueda ignorar dichas pruebas, taparse los ojos y continuar actuando sobre la base de conclusiones que se tornaron gravemente cuestionables, ignorando la existencia y la importancia de pruebas contundentes. Sería desconectarse mediante una clausura epistémica en un mundo subjetivo de fantasía de su propia creación; una realidad virtual con el fin de rechazar la realidad objetiva probable; una comedia legal de errores en el teatro del absurdo; por no decir parodia de la justicia, que hace burla no sólo del arbitraje del Ciad, sino de la idea misma de la adjudicación", cuestionó Abi-Saab.
ConocoPhillips pretende indemnizaciones, pago de derechos y reparaciones por más de 30.000 millones de dólares, luego que Venezuela, haciendo valer su política de plena soberanía, decidiera transformar en empresas mixtas con mayoría accionaria para la Nación los convenios operativos suscritos en la década de los 90 en el marco de la llamada Apertura Petrolera, considerados lesivos para los intereses de la República.
La trasnacional rechazó migrar a empresas mixtas su acuerdo de participación en la Faja Petrolífera del Orinoco en los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro, ahora Petroanzoátegui, PetroPiar y PetroSucre, y decidió emprender la vía judicial desde 2007.
| FUENTE: AVN |
