viernes, 29 de mayo de 2015

Pérez Vivas solicitó al Contralor reconsiderar la sanción que le inhabilita políticamente

El exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, acudió ayer a la sede de la Contraloría General de la República para introducir un documento en el que se solicita a Manuel Galindo la reconsideración del dictamen que le inhabilita políticamente por más de 7 años, lo que a su entender representaría el fin de su carrera política.

El dirigente de Copei considera que “además de desproporcionada, la pena es jurídicamente cuestionable”.

“Hasta ahora yo soy el funcionario que ha tenido la más alta sanción por un hecho intrascendente, como lo es un error administrativo”, explicó.

“Vine a introducir un recurso de reconsideración contra la sentencia administrativa que me inhabilita políticamente por 7 años y medio, pues violenta los principios fundamentales de la Constitución y responde a una interpretación errónea de las funciones de un gobernador”, señaló el líder de Copei.

Pérez Vivas argumentó que su caso ya fue debatido en la Contraloría del Táchira, donde se demostró que durante su mandato hubo solvencia laboral.

“Inhabilitar a un gobernador porque en unos expedientes de una oficina de cuarto nivel que se encargaba de las comunicaciones, en el momento de una auditoría, no se encontraban unas solvencias laborales incorporadas en dicho expediente, no es un hecho cierto, porque las auditorías se realizaron durante el mes de abril 2011 y no al año siguiente de la gestión”, argumentó el político tachirense.

Sobre los hechos que le imputa la FGR, explicó que se trató de la presunta falta del certificado del Registro Nacional de Contratista de una empresa que “se excedió en algo así como 120 mil bolívares”.Agregó que son “hechos que, de ser ciertos, no corresponde a un gobernador la responsabilidad contable sobre si se excede o no, ya que hay una organización dentro de la administración pública – inserta en la teoría sobre la organización administrativa- que establece la jerarquización la departamentalización”.

Según dijo, “estoy siendo objeto de una inhabilitación por 7 años y medio que representa una muerte política”.

“Pido al contralor Manuel Galindo en su condición de abogado una reconsideración para que el proceso se ajuste al derecho y la equidad para ello le estoy dando suficientes elementos de juicio para que valore esta solicitud en mi condición de dirigente político, ciudadano, jurista, abogado y luchador democrático del país”, finalizó.

FUENTE:Luis Ángel Yáñez - http://www.correodelorinoco.gob.ve

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