Dicho artículo establece que serán sancionados aquellos establecimientos en los que se restrinja la oferta para provocar escasez o distorsión e incluso se oculte la mercancía.
La coordinadora regional del organismo, Selua Daboín, informó que "esta fiscalización se realizó gracias a la inteligencia social emprendida por el Poder Popular, quienes han sido víctimas del extravío y pérdida de sus encomiendas sin tener respuestas satisfactorias por parte de Domesa".
"Es por estas razones que diariamente atendemos a nuestro pueblo con la firme convicción de dar respuestas satisfactorias ante las estafas y abusos que viven los venezolanos por parte de comercios y empresas que impulsan la guerra económica", agregó.
Detalló que durante el proceso la empresa llegó al acuerdo de "hacerse responsable y dar respuesta en los próximos 15 días".
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