El campaña está dirigida por la Gerencia de Participación Social e Institucional del Alto Tribunal, donde se contarán con la participación de jueces, juezas y demás servidores públicos del Poder Judicial quienes, junto a la participación protagónica del Poder Popular y comunidades organizadas de los estados, discutirán y reflexionarán sobre la trascendencia de la mencionada decisión emitida por la Sala Constitucional contra las pretensiones injerencistas de un gobierno extranjero, reseñó una nota de prensa del tribunal.
Las actividades arrancaron más temprano, en los estados Carabobo (Fuerte Paramacay), Cojedes (Cinemateca Nacional), Zulia (Auditorio Principal de la sede del Banco Central), Lara (Salón de Sesiones del Concejo Municipa), Mérida (Centro Cultural Tulio Febres Cordero), Monagas ( Complejo Cultural Mateo Manaure), Bolívar (Teatro Angostura) y en el Auditorio de la sede de los Tribunales Laborales del Distrito Capital.
Se prevé que para los días siguientes continúen las actividades, donde se busca dar a conocer el significado de la decisión tomada por el TSJ, donde se reafirma la soberanía, la independencia y el principio de no injerencia de nación alguna sobre asuntos que sólo competen a la República Bolivariana de Venezuela, agrega la nota.
Este documento fue presentado por el viceprocurador de la República, Reinaldo Muñoz, el pasado 11 de febrero, donde se solicitaba el estudio de estos artículos, que ratificaban la soberanía, independencia y libertad de Venezuela, dejando sin efecto la ley norteamericana que intenta sancionar a funcionarios venezolanos por supuesta violación de los derechos humanos.
La semana pasada, mediante un comunicado, el TSJ, le recordó al gobierno norteamericano que no tiene ninguna jurisdicción para aplicar fuera de su territorio alguna ley, norma legal o sanción contra la soberanía y la institucionalidad democrática de Venezuela.
"Los Estados Unidos de Norteamérica no tienen jurisdicción alguna, de ninguna forma, intensidad o atributo para sancionar y promulgar actos con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como Ley para la defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014 carece de validez y efectividad, y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela", dice parte del comunicado leído ese día por la presidente del TSJ, magistrada Gladys Gutierrez.
| FUENTE: AVN |
